Una jueza federal de Chicago bloquea temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional

Una jueza federal bloqueó este jueves temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por la Administración Trump para blindar las redadas migratorias en dicho estado, después de que un contingente de 200 soldados de Texas fuera enviado hace dos días al área de Chicago.

La magistrada April M. Perry anunció que emitirá una orden de restricción temporal que impide legalmente la movilización de las tropas en Illinois, al considerar que no existen “pruebas creíbles” de riesgo de “rebelión”, argumento con el que los representantes del Departamento de Justicia (DOJ) trataron de justificar el despliegue.

La audiencia se prolongó unas seis horas —dos de descanso— y contó con prolongadas intervenciones por parte de la Fiscalía y del Gobierno estadounidense, que encomendó a la Guardia Nacional la tarea de proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago durante su campaña de arrestos masivos como parte de la operación Midway Blitz

“Considero que permitir el despliegue de la Guardia Nacional en el centro de detención de Broadview o en cualquier otro lugar de Illinois solo echará más leña al fuego”, afirmó la jueza, añadiendo que la percepción de la situación que tiene el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es “simplemente poco fiable”.

La petición de bloquear el despliegue de la Guardia Nacional fue realizada días atrás por la administración estatal de Illinois, bajo Gobierno demócrata, y profundamente cuestionada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras la decisión, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, escribió en X: “Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley. Hoy, un tribunal confirmó lo que todos ya sabíamos”, en una publicación más extensa.

La jueza Perry, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, advirtió al inicio de la sesión de hoy que tomar la decisión “podría llevar un tiempo” y que tenía “varias páginas de preguntas pendientes”.

Durante la jornada, Christopher Wells, abogado de la Fiscalía General de Illinois, acusó a la Administración Trump de tergiversaciones y exageraciones sobre la “situación actual de Illinois” y en sus proclamas sobre la autoridad del presidente para desplegar tropas de la Guardia Nacional de Texas.

Agregó que esta movilización causa “daños irreparables” y que, aunque la conducta de algunos manifestantes contra los funcionarios es “por supuesto deplorable”, las acciones de Trump son “ilegales”.

Por su parte, Eric Hamilton, letrado del Departamento de Justicia (DOJ), argumentó que el tribunal no necesita decidir si existe una rebelión, sino simplemente el riesgo de una.

Los representantes del DOJ sugirieron que recurrirán la decisión tomada hoy por Perry, quien el lunes pidió más tiempo para pronunciarse al respecto.

La jueza, además, preguntó hoy a Hamilton si se preveía que las tropas se movilizaran en barrios y zonas escolares, a lo que el abogado del DOJ respondió “siempre que sea preciso” para acabar con la delincuencia “hasta cierto punto”.

Un grupo de antiguos almirantes y generales del Ejército y la Armada de EE.UU. ya entregó ayer un documento a la jueza en el que desgranaban que este tipo de despliegues conlleva “riesgos implícitos” y le instaban a tener en cuenta que se podría estar incurriendo en una “politización de las fuerzas armadas”.

Además, también ayer, un juez federal de Chicago impuso nuevas limitaciones al poder de los agentes del ICE para realizar arrestos sin orden judicial, dando la razón a los firmantes de una nutrida demanda colectiva que señalaba cómo, en sus casos, la Patrulla Fronteriza se había extralimitado.

Para aumentar la tensión entre la Administración Trump y la estatal de Illinois, el gobernador Pritzker ordenó igualmente el miércoles una investigación sobre una reciente redada de ICE en un complejo de apartamentos de Chicago, tras informes de que entre los detenidos se encontraban ciudadanos estadounidenses y niños.